Impuestos y Gasto público

Los impuestos, como proclama la Constitución, son el instrumento técnico necesario para sufragar el gasto público. La principal acción de Gobierno se ha de centrar, pues, en el gasto, o, mejor, en su gestión. Y ha de ser así, porque el nivel ingresos que un Estado necesita está en función de su nivel de gasto y, obviamente, del nivel de riqueza que un país sea capaz de generar.

Todo céntimo de euro mal gestionado tiene como consecuencia impuestos que carecen de legitimidad constitucional. De ahí la importancia de poner el acento donde hay que ponerlo. A pesar de ello, continuamos obsesionados en aumentar los impuestos cuando éstos no existirían si no hubiera políticas de gasto a sufragar e inversiones públicas a financiar.

Pero más importante es todavía asumir que los impuestos nos han de permitir aspirar a una sociedad más justa. Y para conseguirlo, es necesario poner un especial acento en la educación y cultura tributaria, educación a la que contribuye mucho el ejemplo de personas e instituciones de reconocido prestigio social, económico y político.

No hay duda de que es necesaria una revisión integral de nuestro sistema tributario. Pero más importante que ello es definir el modelo de Estado que queremos, o mejor, que nos podemos permitir, y su financiación. Este es, modestamente, el debate en el que hay que centrarnos.

Pero lo cierto es que continuamos sin conocer la verdad sobre el gasto: ignoramos si su gestión es óptima, qué ratio de productividad por funcionario tenemos o qué duplicidades se pueden eliminar. Continuamos sin plantearnos que antes de pedir sacrificios, hay que sacrificarse uno mismo, mirarse ante el espejo y con humildad, realismo y valentía, replantear todo lo que sea necesario. En definitiva, cuestionarse todo. Resulta curioso que mientras a nuestras empresas se les exige formular y depositar sus Cuentas Anuales, se les obliga, según los casos, a auditarlas, se prevé la responsabilidad de sus administradores, se les condena a sufrir un verdadero infierno de obligaciones formales y a cumplir con un innumerable número de normas, no se exijan en cambio obligaciones similares a las diferentes Administraciones Públicas. Aunque parezca incomprensible, sus cuentas no se someten a ninguna auditoría externa, nadie responde de las desviaciones presupuestarias, nadie ajeno a la Administración revisa con objetividad, independencia y criterio empresarial la calidad, eficiencia y eficacia del gasto, nadie nos informa sobre la necesidad de cada partida de gasto ni de los servicios deficitarios, ni existen tampoco mecanismos para exigir responsabilidad por gestionar inadecuadamente el gasto.

En definitiva, hay que priorizar el gasto, que es el origen de los males, convencer a la ciudadanía de la hoja de ruta a seguir y después, y solo después, acometer la necesaria reforma de nuestra fiscalidad.

Tan importante como la obligación de pagar impuestos, es la legitimidad moral para exigirlos.