Poner orden para dar valor a la Sanidad Pública

A pesar de la aún relativa buena salud de la sanidad pública española, eso siempre que los recortes en forma de hachazos presupuestarios no acaben por desestabilizarla a corto plazo, su pronóstico a medio plazo es reservado si no se pone orden con criterios de coste-efectividad a las prestaciones que se financian con fondos públicos, y muy especialmente a los medicamentos y tecnologías médicas. Se trata de algo en lo que llevamos dos décadas de retraso y que se debe reformar si queremos empezar a parecernos un poco a los países del norte de Europa. En Europa, los ejemplos de las reformas organizativas e institucionales emprendidas en Francia, Inglaterra, Suecia o Alemania aportan perspectiva para emular las mejores prácticas.

La confusión entre lo que debe ser un servicio universal con pagar cualquier prestación, sea cual sea la mejora de salud conseguida, y además completamente gratis tiene un elevado riesgo de conducir hacia a una sanidad pública de baja calidad y dualizada. La sanidad pública debe pagar por la atención que tiene valor, la que es eficaz y segura a un coste razonable, como la única forma de sostener un servicio clave para el bienestar y clave para la reducir las desigualdades sociales.

A la vista del elevado impacto presupuestario, de la previsible avalancha de innovaciones de muy elevado coste y beneficio cuestionable que se encuentra en la pipeline de una industria farmacéutica angustiada por el decaimiento de las patentes y la caída de la productividad de la I+D, así como de la escasa transparencia de las decisiones relativas a los medicamentos, ya no se debería posponer por más tiempo una revisión de los criterios empleados en las decisiones de inclusión en la cobertura del seguro público (financiación o reembolso) y de precio basado en el valor y el value for money de los tratamientos.

Hoy carece de justificación que el regulador estatal valore como ha venido haciendo hasta hace pocos meses todo lo nuevo como innovador, haciendo ver que no existe coste de oportunidad, y además imponiendo la obligación a quien gestiona la sanidad de tener que ofrecerlo casi gratuitamente a los pacientes al mismo tiempo que le acusa de manirroto por gastar demasiado.

Poner orden en las prestaciones de la sanidad pública es sinónimo de una cobertura del estado del bienestar más basada en el conocimiento y el valor que en los apriorismos ideológicos, y más basada en la transparencia y rendimiento de cuentas según resultados que en las decisiones arbitrarias de la élite política y administrativa. Es poco esperanzador constatar que a día de hoy, incumpliendo el marco normativo, la sanidad pública se resista a una reforma estructural de los criterios de cobertura y de gestión: acabamos financiado públicamente casi cualquier nuevo tratamiento tanto si el coste por año de vida ganado es muy razonable como si es desorbitado.